Por Aurora Báez Boza.
La Junta de Andalucía no cesa en su empeño, a pesar de las críticas, de traspasar competencias sanitarias a las entidades privadas. Desde el inicio de los gobiernos de Juanma Moreno Bonilla, la estrategia de la Consejería de Salud ha tenido como eje principal la paulatina privatización de los servicios sanitarios públicos. Una línea de actuación que tras la mayoría absoluta que dejó a los populares las elecciones andaluzas de 2022 se está implementando con una mayor velocidad.
Este octubre la Junta de Andalucía ha anunciado la puesta en marcha de varios conciertos a empresas privadas para la externalización de servicios sanitarios públicos. A principios de octubre, el Servicio Andaluz de Salud publicaba una licitación para que las empresas privadas puedan hacerse cargo de las derivaciones de operaciones quirúrgicas y diagnósticos de la sanidad pública. Unas licitaciones que tienen un presupuesto de 734 millones de euros y una duración de 4 años. Según el texto de la medida, se trata de un «Acuerdo macro para la prestación de servicios de asistencia sanitaria, de carácter complementario a la prestada en centros propios, a usuarios del Servicio Andaluz de Salud en centros sanitarios y servicios privados». Moreno Bonilla ha defendido la decisión alegando que son «instrumentos» puestos en marcha «para beneficiar a los ciudadanos» y tiene como objetivo «aliviar» las listas de espera. La Consejera de Sanidad, Catalina García, se ha defendido de las críticas que ha generado esta licitación alegando que “hay un 20% más de usuarios de la sanidad pública” y que además “siempre hemos necesitado esa ayuda”.
A pesar de estas declaraciones, García no responsabiliza a la gestión del ejecutivo andaluz de la falta de inversión y de personal sanitario que hace que más de 1.053.374 personas se encuentren actualmente en lista de espera para una intervención o diagnóstico en Atención Especializada en Andalucía según un informe de CC.OO. «El deterioro de estos indicadores obedece a un claro ejemplo de mala gestión que la Junta de Andalucía intenta ocultar y pretende solventar derivando 734 millones de dinero público a la sanidad privada», expone José-Pelayo Galindo, el secretario general de la FSS-CCOO Andalucía.
La portavoz en el Parlamento Andaluz de la coalición de izquierdas Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha comentado en este sentido que «en este contexto de protestas generalizadas por el deterioro de la atención sanitaria en toda Andalucía y las insoportables listas de espera, llega el anuncio multimillonario con la excusa de resolver un problema que ha provocado de manera calculada el propio Moreno Bonilla con su política de recortes en la sanidad pública».
Los recortes en el sistema sanitario andaluz nos llevan años dando imágenes cada vez más catastróficas: poblaciones sin servicios como pediatría o cuyos centros de salud están a punto de cerrarse por falta de personal, especialmente en las zonas rurales como la Sierra Sur de Sevilla, falta de personal en los hospitales generales y una falta de reemplazo de sanitarios. Las Mareas Blancas andaluzas, que llevan años denunciando la privatización del servicio sanitario andaluz y organizando manifestaciones para la defensa de lo público, argumentan al respecto de estos conciertos que «Las plantillas del SAS han disminuido en los últimos años, y el presupuesto para 2023 está agotado desde hace meses, lo que está provocando severos recortes. ¿Cómo es posible que estemos viviendo esta situación cuando el actual gobierno nos estaba contando que íbamos a gozar del mayor presupuesto en sanidad de la historia?».
Concierto para la Salud Mental
El pasado martes 17 de octubre la Consejería de Sanidad anunciaba otro nuevo concierto con las empresas privadas para solventar el estado de la atención a la salud mental en Andalucía. El objetivo de estos dos acuerdos macro es la derivación de pacientes de salud mental y pluripatológicos a entidades privadas. Desde la Consejería alegan una vez más que se debe al aumento en un 20% de los pacientes de salud mental en los últimos dos años. Los acuerdos tendrán un presupuesto de 30 millones de euros.
Según los datos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses Andalucía fue en 2022 la comunidad en la que más se registraron intoxicaciones vinculadas a intentos de suicidio, el 24,4 % del total del estado español. La falta de especialistas hace que haya una media de 3,65 psicólogas clínica y de 6,23 psiquiatras por cada 100.000 habitantes.