Europa vive tiempos excepcionales: tanto en la existencia de una guerra en suelo europeo como en sus consecuencias se deja sentir el fantasma del racionamiento y la escasez de productos, así como el reajuste de nuestros hábitos de vida. Es más, para el otoño-invierno próximo, Europa se ha conjurado para ahorrar energía (electricidad y combustibles) con el fin de resistir una posible «trampa rusa».
Sea esta finalmente ejecutada o no, lo cierto es que las sociedades occidentales están viviendo por encima de las posibilidades de la propia Tierra. El pasado 28 de julio, la humanidad consumió todo lo que la Tierra es capaz de producir en un año natural, y esa fecha, año tras año, es cada vez más temprana. En el caso concreto de nuestro país, la fecha en que los españoles consumimos nuestra parte proporcional fue tan temprana como el 12 de mayo. Algo no cuadra en nuestro modelo de consumo.
No obstante, y aunque las medidas tomadas por la eurozona van encaminadas a retrasar el fin de una época (la del crecimiento sin fin y del consumo desaforado), no se han tomado valientemente por esta cuestión, sino como una reacción a posibles interferencias del conflicto bélico. Interferencias que son consecuencia directa de las sanciones económicas que, con algo de miopía, Europa ha impuesto a Rusia.
Una de estas medidas es la del racionamiento energético, sobrevenida en forma de ahorro colectivo. De forma concreta, y particularmente en nuestro país, se ha decidido apagar edificios públicos no utilizados y escaparates comerciales después de las 10 de la noche, entre otras como el fomento del teletrabajo o la del transporte público.
He aquí que, tras el anuncio se han dado reacciones de todo tipo. Desde las que dicen que son medidas acertadas, pero tibias, hasta las que ya anuncian que se van a pasar lo que diga el BOE por el forro de los pantalones. Este último caso, por ejemplo, es de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que literalmente ha declarado que «Madrid no se va a apagar», forzando al PP a rechazar un plan de ahorro energético que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo defendía hace apenas dos semanas. Es decir, y hablando en plata, esto no es más que otra bala en la guerra política. Una guerra política tanto interna por el liderazgo del PP, como general, por el desgaste del gobierno. Las víctimas, como se pueden imaginar, somos los ciudadanos.
«Esto [apagar escaparates y edificios públicos] genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo. Provoca oscuridad, pobreza, tristeza» continuaba Ayuso en su tuit respuesta a las medidas acordadas por el gobierno y consensuadas con Europa. Rápidamente, fuentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han salido a refrendar sus palabras, al igual que han hecho asociaciones de comerciantes. Tomen nota y recuerden que Ayudo ganó las elecciones autonómicas por algo políticamente tan relevante como permitir abrir bares en el Estado de Alarma. El resultado, además de ganar las elecciones, fue la mayor mortalidad entre las grandes ciudades europeas durante la pandemia. El riesgo de fallecer por Covid en Madrid durante este período era un 54% mayor que en el resto de España.
Cabe en este momento hacer un alto en la información y bucear en quién está diciendo qué. Aquellas fuentes que se nombran, curiosamente, en rotativos conservadores, son precisamente la Jusapol y la Jucil (pata en la Guardia Civil de la primera), sindicatos y asociaciones profesionales cercanos al entorno de Vox. Precisamente, desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han destacado su «postura neutral» ante las medidas «ya que se están tomando en toda Europa» y sobre todo porque «aunque los escaparates ayudan subjetivamente, lo más importante es mantener el alumbrado público sin ningún tipo de restricciones».
Para el comercio hay que abrir un capítulo aparte, dado que los comerciantes y sus asociaciones tienen un largo historial de rechazo de cualquier medida que afecte lo más mínimo a su negocio. La razón, naturalmente, es la resistencia al cambio. Podemos encontrar similares declaraciones con la entrada en vigor de la ley antitabaco —llegaron a decir que se encontraban «desamparados»—; la peatonalización de ciertas calles —como ejemplo podemos poner la peatonalización de la calle Asunción, en Los Remedios, que fue duramente criticada y a posteriori se ha visto que comercialmente ha sido todo un éxito—; o las restricciones con motivo de la pandemia —recordemos las peleas para que determinados sectores fueran declarados «servicios de primera necesidad» o las críticas a las peluquerías antes de descubrir que, en silencio, tienen una de las tareas más útiles de la sociedad, la higiene de nuestros mayores—.
La iluminación urbana disminuye la criminalidad. Esto es un axioma demostrado en todo el globo. Pero por iluminación urbana nos referimos a alumbrado público, no a escaparates. Para ejemplo, podemos poner la arteria comercial más importante de España, la calle que nunca duerme, la Gran Vía de Madrid, en la que los gigantescos escaparates irradian tanta luz que la diferencia entre día y noche es apenas perceptible. La criminalidad en dicha calle es prácticamente nula, sin embargo, en las calles aledañas y traseras, iluminadas solo por el alumbrado público, se dispara. Sería lógico pensar que la razón de que no exista criminalidad en la vía principal se debe a los escaparates, pero esto es una simplificación engañosa. La criminalidad en las vías secundarias se debe, precisamente, al contraste generado por el exceso de iluminación en la arteria principal. A esto se refiere la SUP con la ayuda subjetiva.
La prevención de la criminalidad no pasa, evidentemente, por llenar todas las calles de todos los municipios de España de escaparates, más aún cuando nuestro país tiene una asignatura pendiente con relación a la contaminación lumínica, sino invertir en alumbrados públicos eficientes y suficientes. Y por dejar de hacer política de desgaste de absolutamente toda medida, incluso las que la oposición defendía hasta el minuto anterior a que la Ayuso de turno abriera la boca.