Durante el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla contra once personas, entre ellas dos agentes de la Policía Nacional, un guardia civil y un escolta del Ministerio de Interior; por participar presuntamente en la introducción en España de casi 368 kilos de cocaína procedentes de Colombia, el fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones, en las que reclama ocho años de cárcel y multa de 45 millones de euros para cada uno de los acusados, por un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, con la circunstancia de notoria importancia.
El fiscal ha considerado que durante el juicio, han quedado acreditados los hechos relativos a la introducción en España de un alijo de 365 paquetes de cocaína de una pureza media de más del 79 por ciento y un peso total de casi 368 kilogramos entre todos ellos, dentro de un contenedor que contenía piñas y que había sido transportado en barco desde Colombia hasta el puerto de Málaga, desde donde fue transportado en camión hasta una nave de Carrión de los Céspedes, en la provincia de Sevilla, lugar donde un dispositivo policial abortó toda esta operación.
El fiscal ha destacado la «cantidad tan brutal de cocaína» que los acusados pretendían introducir en España para su venta a terceros, con pruebas tan «contundentes» como el hecho de que varios de ellos fueron sorprendidos «in fraganti» por la Policía en la citada nave de Carrión, mientras manipulaban el contenedor con «herramientas y utensilios» para extraer del mismo los paquetes de drogas.
Y especialmente, ha destacado varias veces las constantes labores de «vigilancia, control y seguimiento» realizadas por dos policías nacionales y un escolta del Ministerio de Interior a bordo de un turismo de alta gama modelo Audi A-6, en connivencia con el resto del grupo, para que el transporte no fuese interceptado.