Créanme, el título original de esta entrada era «Desactivar la contradicción: los movimientos del ayuntamiento de La Rinconada para acallar la voz del Polisario» y el tono y contenido iba a girar en torno de las presiones que hicieron que el acto convocado ayer miércoles por Izquierda Unida La Rinconada, con la colaboración de la ONG Frontera Cero y su presidenta, Diana Fernández, pinchase en público.
No obstante, y pese a que la asistencia al acto fuese muy reducida, por las presiones que más adelante les narraré, la siguiente crónica debe centrarse en el propio acto.
El documental
Ocupación S.A. (de Laura Daudén y Sebastián Ruiz, 2020) es quizá uno de los documentales más sucintos y clarificadores, más bien trabajados y más osados en la investigación de la cuestión económica y sus ramificaciones políticas en la cuestión del Sahara Occidental, donde se tratan y rastrean —con nombres y apellidos— los beneficios de la ocupación marroquí de los territorios aún no descolonizados por España y el silencio de esta última por deberse el país norteafricano de su segundo socio comercial más importante.
Estos beneficios, sobre todo, se recogen en España, donde empresas del sector pesquero capturan, mediante técnicas prohibidas en las aguas de la Unión Europea —arrastre y fondo— grandes cantidades de pescado y pulpo. Esta captura será etiquetada en el puerto de recepción, Agadir (Marruecos), ciudad que da nombre a la gaditana flota de Agadir, y que desde 1960 es el centro franco de la captura hispanomarroquí. No obstante, el caladero no se encuentra en Agadir, sino tras la vulnerada frontera internacional, en las aguas de los territorios ocupados de El Aaiún y Dajla. La reetiquetación de origen y la etiquetación fraudulenta, que contravienen las normativas europeas y españolas de trazabilidad, son las que permiten saltarse una legislación aún más importante: la de no comerciar con recursos de los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Sin embargo, las estanterías de grandes centros comerciales españoles siguen repletas de pescado y pulpo barato proveniente de dichas aguas, en cuyas etiquetas se puede leer «Agadir-Marruecos»
No sólo de la pesca se lucran las empresas españolas. Tal y como muestra el documental, numerosos medios españoles han denunciado el expolio de arena del Sáhara para la regeneración de playas españolas, muchas de ellas en el archipiélago canario, donde la arena rubia es el reclamo turístico de no pocos ayuntamientos, y cuando no, es material de construcción, en un territorio donde la única arena disponible, dada la geología de las islas es de origen volcánico, y por tanto, negra.
El armamento es, quizá, el más polémico de todos los negocios españoles en la zona. Numerosos fabricantes militares venden —en ocasiones, de forma velada o disimulada— equipamiento militar y armamento al vecino del sur, utilizado en el conflicto bélico abierto con el Frente Polisario en una de las zonas más militarizadas del mundo, la frontera entre los territorios ocupados y los no ocupados, que es además una de las áreas con más minas antipersona (prohibidas por la Convención de 1999, convención que Marruecos no ha firmado), más de 7 millones, que han producido más de 2500 víctimas desde la ocupación en 1975.
La charla-debate
Tras la exhibición del documental, se produjo por parte de Ignacio Ruiz (IU) una breve consideración política que prologó la intervención de Diana Fernández, presidenta de Frontera Cero, ONG que «trabaja por aquellos pueblos sometidos a injusticias sociales, guerras y abandono internacional».
Fernández explicó las condiciones del pueblo saharaui, y especialmente la de la normalización de la violencia en los territorios ocupados, donde los residentes «son sometidos a un acoso constante». «Actos como portar o arriar una bandera (del Sáhara Occidental), o las protestas son perseguidos y reprimidos brutalmente. No hace mucho, en una conferencia, una activista nos enseñó, a través de su ventana y en directo, cómo el ejército apalizaba en las calles a un grupo de personas»
No quiso la activista dejar pasar el plano político del conflicto, radicado en los ilegales Acuerdos de Madrid —la ONU y el Derecho Internacional no reconocen la validez de este tratado que jamás fue publicado en el BOE entre la España tardofranquista, Marruecos y Mauritania— que reconocía, tal y como publicó Interviú en su momento, y por el que se secuestró judicialmente la publicación, diversos puntos secretos:
- Pesca: Reconocimiento conjunto por Marruecos y Mauritania de derechos de pesca en las aguas del Sáhara a favor de 800 barcos españoles, por una duración de 20 años y en las mismas condiciones actuales, salvo el canon a ser abonado a partir del sexto año. Durante los cinco primeros años, los barcos de pesca españoles quedarían exentos de todo canon. Para los quince años siguientes abonarían un canon, el más favorable posible concedido a cualquier país tercero con una rebaja convenida. Antes del comienzo del sexto año, una Comisión Mixta de las tres partes se reunió para fijar dicho canon.
- Bienes públicos: Antes del 31 de diciembre de 1975, expertos de los tres países se reunieron con objeto de establecer la lista de bienes públicos que sería transferida por España como parte integrante del territorio, y la de aquellos otros bienes que pudieran ser objeto de transferencia mediante el pago de la correspondiente indemnización. Para estos últimos, las partes fijaron antes de dicha fecha las eventuales modalidades de valoración, transferencia y pago.
- Bienes privados: Marruecos y Mauritania se comprometen a respetar las propiedades privadas españolas en el Sáhara y asegurar a sus propietarios su libre disposición y una justa indemnización en caso de expropiación.
- Comercio: Marruecos y Mauritania estimularían el desarrollo de las corrientes de comercio tradicionales entre España y el Sáhara en el marco de sus reglamentaciones de comercio exterior.
- Otras cuestiones: Antes del 31 de diciembre de 1975, expertos de España, Marruecos y Mauritania se reunieron a fin de examinar y de resolver los problemas de navegación aérea y marítima y de las comunicaciones en general, así como cualquier otro tema que pudiera derivarse de la transferencia del territorio del Sáhara.
En el turno de preguntas, varios asistentes denunciaron el «incompresible y cobarde giro del gobierno español con relación a la que era la provincia número 53 del país, y el abandono posterior al que se ha abocado a su población, con trabas burocráticas para reconocer la nacionalidad aquellos refugiados que la solicitan».
No faltó en el debate la mención a la reciente polémica sobre la actuación policial de ambos países en la tragedia de la valla de Melilla, que se saldó con una cifra aún indeterminada de fallecidos y heridos (las últimas estimaciones hablan de 37 fallecidos y más de 200 heridos), que ha sido reprendida desde las Naciones Unidas por numerosas voces, como la de su portavoz, Stéphane Dujarric y la de su secretario general, Antonio Guterres.
Las presiones
Pocos días antes del acto convocado, una llamada y una conversación en los pasillos del ayuntamiento sacudieron los cimientos organizativos: «¿cómo va a pisar un diplomático del Polisario suelo rinconero y no va a ser recibido por el alcalde?» se decía desde el consistorio, el mismo consistorio que hace no tanto rechazaba aprobar una moción condenando los hechos sucedidos en Melilla, y el mismo que aplazaba, ayer mismo, una comisión informativa del Patronato de Discapacitados en materia de presupuestos municipales alegando «agenda electoral». No obstante, esta cuestión protocolaria, que podría haber sido resuelta con la simple asistencia de un teniente de alcalde —dada la imposibilidad del alcalde por su accidente de rodilla— se vistió de mayor contradicción en las siguientes horas.
Y es que esa no es la única llamada que se ha producido en estos días y que ha tenido el acto convocado por objeto. Desde el ayuntamiento se trasladó a Diputación la urgencia de que éste fuese desconvocado. El resultado no fue otro que la comunicación del Delegado para Andalucía del Frente Polisario, Mohamed Salem Daha, en la que excusó, sin demasiadas excusas, su ausencia al acto. Lo siguiente fue un efecto dominó en el resto de asociaciones y colectivos, incluida la propia Asociación de Amigos del Sáhara de La Rinconada que con un «tengo otras cosas que hacer» se desmarcó a través de su presidente, Ángel López.
No sería descabellado pensar que entre las llamadas de estos días, existan algunas recordando la cercanía de determinados apartados en los presupuestos municipales y la pertinencia de determinadas expresiones.